Movimientos Sociales

Los movimientos sociales en el Perú de Hoy

Al efectuar un análisis de los principales movimientos sociales en el Perú de hoy, con base en sus plataformas reivindicativas, marcos identitarios y estructuras organizativas, podemos distinguir dos grandes grupos. Primero los movimientos cuya problemática se enfoca en cuestiones más bien sectoriales y económicas desde un lenguaje de izquierda y estructura sindical (universitarios, docentes, campesinos, médicos, etc.). Por otra parte, las diversas poblaciones que se organizan contra la expansión de la industria extractiva, en especial minera y petrolera, apelan para ello a revaloraciones étnicas y defensa de los recursos con base en una organización más bien territorial (Cajamarca, Espinar, Islay, etc.). Ambos grupos, surgen o se reorganizan en la última década, y expresan un profundo malestar frente a la continuidad de las políticas neoliberales implementadas durante el fujimorismo y la demanda de transformaciones sustanciales a la normatividad y el marco ideológico predominante.

Respecto al primer grupo, tenemos aquí diversas organizaciones sindicales vinculadas a alguna rama del sector público. Es el caso por ejemplo del Sindicato de Trabajadores de la Educación o la Federación Médica, por anotar algunos de los que más se han movilizado en los últimos años reclamando mejoras salariales pero también políticas educativas y de salud que los incluyan como interlocutores. Junto a ellos puede incluirse a los trabajadores de los denominados “services” o empresas de tercerización de servicios, las cuales se expandieron tras la reforma laboral de 1992, lo cual precarizó el empleo y recortó derechos como vacaciones y horas extras, entre otros. Medianas y pequeñas empresas en expansión, como los textiles Topy Top o la fábrica de bebidas Kola Real, se han valido de esta forma de contrato para incrementar sus ganancias, con ello deben enfrentar ahora los reclamos del personal. Finalmente, se ubican los estudiantes universitarios que en diferentes lugares del país protestan ante el abandono en que sobrevive la universidad pública, tras años de recortes presupuestales y represión política durante los años de conflicto armado y posterior pacificación. Si bien a primera vista podía afirmarse que se trata de demandas “economicistas” que se reducen al aumento de sueldos, salarios o presupuestos, la acción de estas organizaciones remite a problemas de fondo relacionadas con la continuidad del modelo económico, al poner en debate el papel del Estado y del mercado en ámbitos como la educación y la salud. Asimismo, plantean impugnaciones concretas tanto al marco normativo heredado del fujimorismo, con una legislación laboral abiertamente favorable a los empresarios, como a las inequidades derivadas de una política económica que, pese al crecimiento sostenido del PIB, no resuelve problemas de exclusión ni garantiza derechos para las y los trabajadores.

Tanto los sindicatos mencionados como los estudiantes de las universidades públicas que protestan podrían ubicarse cercanos a una identidad clasista sindical, más politizada y cercana a los partidos que hasta fines de la década de los ochenta conformaron el frente electoral Izquierda Unida. Posteriormente, en el contexto de represión y violencia, tanto los sindicatos como los partidos políticos de izquierda a los que se encontraban vinculados perdieron bases y se entramparon en pugnas internas muchas veces con fuerte sesgo ideológico. Contribuyó a dicha crisis la ausencia de recambio generacional así como el constante desprestigio de los medios de comunicación y sectores empresariales. No obstante, vale mencionar la renovada capacidad de movilización de estos sectores y sus esfuerzos por tender puentes con nuevos grupos de trabajadores como los de servicios, que politizan la lucha por mejoras salariales y laborales y la contextualizan en el marco de la crítica a la continuidad del neoliberalismo en los últimos veinte años.

 

En el segundo grupo se ubican los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la industria extractiva, los mismos que han protagonizado intensas y masivas protestas en puntos tan disímiles del territorio nacional como Cajamarca, Arequipa, Piura o la Amazonía. Se trata de diversas poblaciones que organizan la acción colectiva frente al avance de proyectos mineros o de hidrocarburos, ensayando estructuras organizativas, redes de solidaridad y liderazgos tanto locales como nacionales. Las reivindicaciones de este movimiento se vinculan más bien a la defensa del territorio como espacio de reproducción de la vida, por lo que presentan un fuerte énfasis identitario desde lo étnico y comunitario, y señalan a la vez como principal antagonista al capital transnacional, por la afectación —o amenaza de afectación— socioambiental, la contraposición de cosmovisiones, modelos de vida y formas de propiedad. Aquí se encuentra en primer lugar la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (aidesep) que agrupa diferentes federaciones locales y regionales de las distintas etnias de la Amazonía con amplia representatividad y capacidad de convocatoria tal como se evidenció en los paros amazónicos de 2008 y 2009 contra una serie de decretos que facilitaban la inversión extractiva en la selva. En el área andina, aunque la fragmentación de organizaciones es mayor, se puede ubicar al Frente de Defensa de Tambogrande en Piura que consiguió expulsar a la compañía minera canadiense Manhattan, el Frente de Defensa de Islay en Arequipa que se opone al proyecto minero Tía María de la Southern Perú, y el Frente de Defensa de Cajamarca que lidera la lucha contra el proyecto minero Conga de la corporación Newmont. Si bien existe la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), ésta no ha logrado posicionarse como el referente organizativo nacional.

En lo referido a la identidad colectiva articulada por estos grupos, conviene destacar la crítica al modelo de desarrollo predominante que plantean, al denunciar la desmedida extracción de los recursos naturales ubicados en los territorios que ocupan y el avance de la lógica del mercado para comprar, vender y concesionar la tierra y también sus conocimientos. Se expone así un profundo cuestionamiento a la acción del Estado que, lejos de ser un actor imparcial, favorece, promueve y defiende esta dinámica de desarrollo al argumentar lo mucho que estas empresas benefician al país y mostrar cifras de crecimiento macroeconómico. No obstante, los pueblos y comunidades de la sierra y la Ama- zonía no han mejorado de manera sustancial sus condiciones de vida, pues persisten altas tasas de pobreza y extrema pobreza. Tal situación de exclusión es problematizada por estos movimientos sociales, que configuran un horizonte crítico de gran potencialidad transformadora pues además de exigir mejoras redistributivas, cuestionan esta forma de “progreso” asociada al neoliberalismo. Si bien persiste todavía una fuerte fragmentación con directivas poco consolidadas y débiles articulaciones nacionales, resalta la capacidad de estos actores para desafiar el consenso autoritario posfujimorista, articulando diversas estrategias organizativas y repertorios de protesta que han logrado detener importantes proyectos extractivos e iniciativas legislativas.

Ambos grupos de movimientos han incorporado a sus estrategias de acción la participación en el terreno político institucional a fin de lograr puestos de representación que les permitan concretar sus plataformas desde el ámbito de la gestión. No obstante, vamos a priorizar el análisis de los movimientos vinculados a los denominados conflictos socioambientales tanto por su potencial para interpelar las dimensiones económicas, normativas e ideológicas dominantes como por los esfuerzos de desarrollar otras formas de organización y representación política más ligadas a lo asambleario territorial. Los gremios y sindicatos, han mantenido el vínculo con partidos de izquierda y en periodos electorales suelen presentar a dirigentes suyos como candidatos en estos grupos, mientras que los pueblos y comunidades afectados por la expansión extractiva ensayan otras alianzas y acercamientos con los actores políticos. El énfasis en la participación y la consulta, tanto como la desconfianza frente a los actores políticos, son algunas características que marcan esta etapa, la cual da lugar a encuentros y distanciamientos que marcan la pauta de nuevos desafíos.

III. Dinámicas políticas, episodio uno: Acercamientos y representaciones

Tal como se mencionó, las acciones de los movimientos sociales, en especial pueblos indígenas y comunidades afectadas por la industria extractiva, han incluido también la opción de competir electoralmente y lograr puestos de representación política en las escalas local, regional y nacional. Son varios los puntos de evaluación tomados en cuenta para tal decisión. Al parecer, existe la percepción compartida de que la movilización da resultados, y así lo demuestra la paralización de proyectos mineros importantes como Tambogrande o Tía María. No obstante, esto ocurre a costa de un gran despliegue de recursos humanos y materiales, así como de articulaciones locales, nacionales e internacionales. Por otra parte, los resultados obtenidos generalmente no son definitivos pues tienen que ver con políticas nacionales y aunque se logre detener el proyecto no se anula la concesión pues queda latente la posibilidad de que otra empresa pueda retomar la iniciativa a la postre. Finalmente, la dinámica misma de construcción interna del movimiento y su arraigo territorial lleva a plantearse con mayor sistematicidad desarrollar experiencias de gobierno local, y participar en elecciones de municipios distritales y provinciales ante la posibilidad de ensayar desde ahí proyectos productivos, de educación o salud de corte más intercultural.

Para concretar la participación política electoral, las vías contempladas por los movimientos han sido diversas y los resultados no siempre favorables, pero han significado importantes procesos de aprendizaje, interacción y acercamiento con actores institucionales, sobre todo partidos políticos y organismos electorales que regulan la participación. A partir del 2006, se identifican con mayor claridad procesos de debate interno que devienen en la decisión de participar en el terreno electoral. No es que antes no haya ocurrido, lo más probable es que sí, pero ahora la decisión parte del grupo y no necesariamente responde a la invitación del partido como sucedía antes. Es la organización la que decide cómo, con quién y para qué participar en política.

Un caso importante de esa etapa es el movimiento cocalero, el mismo que decide participar electoralmente pero no logra acuerdo respecto a la mejor fórmula y se divide en dos grupos distintos. Por un lado, los cocaleros del Valle del río Apurímac, que optan por construir el “instrumento político”, formando el partido Qatun Tarpuy, el cual logró la elección de dirigentes cocaleros directamente vinculados al movimiento como regidores y alcaldes distritales. Por el otro, los cocaleros del Huallaga que concretan una alianza con el Partido Nacionalista y aprovechan su inscripción para colocar candidatos distritales al Parlamento Nacional.6 Otro caso relevante es el del movimiento indígena amazónico, que desde sus distintas bases regionales vinculadas a aidesep, deciden participar en la coyuntura electoral, principalmente en municipalidades distritales y provinciales de mayoritaria población indígena. Así lo hace por ejemplo el pueblo ashaninka en los distritos de Pangoa y río Tambo en la selva central donde líderes vinculados al movimiento son elegidos alcaldes, o el de los distritos de Nieva y el Cenepa en Amazonas, donde ocurre lo mismo con los dirigentes awajum y wampis.

Sería extenso analizar aquí cómo se ha desarrollado la actuación de los movimientos sociales en la gestión del poder en las escalas municipal, regional o parlamentaria y amerita un estudio de mayor profundidad. En líneas generales destaca el esfuerzo desplegado por los líderes electos y sus organizaciones tanto para lograr ganar las elecciones como para una vez en ejercicio, desarrollar gestiones más vinculadas a las dinámicas y necesidades de la población en los territorios donde son elegidos. Sin embargo, tanto en el caso de los alcaldes cocaleros como en el de las autoridades indígenas amazónicas, quedó en evidencia también el poco margen de acción para establecer políticas y proyectos de envergadura y el escaso margen para incidir en la política extractiva que los afecta directamente. Asimismo, las autoridades vinculadas al movimiento enfrentan una doble presión, tanto por parte de las bases y pobladores que les exigen mantenerse al frente de sus demandas incluso como medidas de fuerza, como por parte del poder ejecutivo que les reclama anteponer su condición de representantes del Estado. La intención del gobierno de frenar la actuación de estas autoridades en el terreno contencioso se ha valido además de la criminalización, llegando a penalizar la participación de autoridades electas en movilizaciones y protestas.7

Durante el año 2011 la coyuntura electoral nacional se mostraba como oportuna y relevante para que los movimientos sociales ensayaran estrategias y mecanismos en pos de ocupar puestos de representación en el Congreso. Dado el panorama político de entonces, Gana Perú, partido liderado por Ollanta Humala, se presentaba como el líder de la oposición enarbolando un discurso abiertamente crítico al modelo neoliberal y a la continuidad que representaban los candidatos de la derecha y centro derecha encarnada por sus principales competidores, el ex presidente Alejandro Toledo y la hija del ex presidente Fujimori, Keiko Sofía Fujimori. El cuestionamiento a la clase política realizado por Humala y su énfasis en la necesidad de realizar reformas a la política económica y extractiva encontró gran empatía con la postura de los movimientos sociales. Dicha coincidencia de plataformas y la ausencia de otras opciones transformadoras con opciones de triunfo, resultaba ventajosa para congregar el voto opositor pero hacía menos necesario suscribir alianzas y compromisos formales con las principales organizaciones sociales movilizadas. De este modo, no se concretaron acuerdos con aidesep que pretendían la candidatura parlamentaria de su presidente Alberto Pizango, ni con la cgtp que esperaba postular a su secretario general Mario Huamán. También quedaron fuera de la lista parlamentaria líderes locales representativos de la lucha contra la minería en Arequipa o Cajamarca. Al intuir que de todas formas las bases de estos movimientos acabarían votando por Gana Perú, el humalismo prefirió no generar compromisos formales con sectores que podían resaltar la imagen de “radical” que presentaba la prensa y lo alejaba de las preferencias electorales de las clases medias urbanas necesarias para llegar al gobierno.

Los sectores sociales movilizados, específicamente las comunidades afectadas por la industria extractiva y el movimiento indígena-amazónico, no lograron articular una plataforma conjunta que ampliara sus posibilidades de exigir un trato con Gana Perú en mayor igualdad de condiciones. Mientras aidesep concentraba esfuerzos en inscribir su propio partido y los diversos frentes de Defensa tanteaban acercamientos a grupos políticos minoritarios, se dejó de lado la posibilidad de consolidar una propuesta unitaria. Ya ad portas de las elecciones, las organizaciones ensayaron acercamientos con Humala por separado, cada cual con sus líderes y agendas, y obtuvieron del candidato apenas algunos compromisos generales. Los resultados electorales acabaron por demostrar que, en efecto, Ollanta aglutinó el voto de los sectores movilizados, en un contexto de disputa altamente polarizado. Una forma de aproximarnos a este encuentro de los movimientos y de Gana Perú es analizando los votos obtenidos por los partidos políticos en las provincias y distritos donde esos movimientos tienen mayor presencia. En este sentido, nos centramos en las localidades donde se desarrollaron protestas emblemáticas y también donde se ubican conflictos en estado latente.

En el caso del movimiento indígena amazónico, tomamos en cuenta tres criterios para seleccionar los ámbitos de votación; el primero, las provincias más movilizadas durante los paros amazónicos de 2008 y de 2009; el segundo, aquellas que presentan mayor cantidad de población nativa, y el tercero los lugares donde existen conflictos latentes con actividades extractivas que incluyen hidroeléctricas y forestales. De modo general podemos afirmar que en la mayoría de provincias el triunfo de Gana Perú es claro. En las provincias de Bagua y Condorcanqui en la región de Amazonas los resultados fueron contundentes al influir la incorporación en la lista parlamentaria de Eduardo Kayap, pastor evangélico awajum no directamente vinculado a aidesep pero igual es elegido congresista por Amazonas. En ambas provincias la Fuerza 2011, liderada por Keiko Fujimori, queda en segundo lugar pero a una distancia larga, y más lejos aún los otros candidatos. Es distinto el caso de la selva central (Satipo, Oxapampa, Chanchamayo): el único espacio donde el fujimorismo obtiene el primer lugar con porcentajes significativos. Tal aceptación fujimorista en una zona fuertemente afectada por el conflicto interno armado, debe guardar relación con la memoria de Alberto Fujimori como el artífice de la pacificación que apoyó a los Comités de Autodefensa y posteriormente mantuvo su presencia con base en medidas clientelares.